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A manera de historia

Durante los últimos días de 2004, hace exactamente dieciocho años, el mayor del Ejército en situación de retiro Antauro Humala Tasso y 160 reservistas de la misma institución se desplazaron hacia Andahuaylas, Apurímac para en la última noche del año tomar la comisaría de la ciudad, rendir a los diez custodios que se hallaban en ella y, tras apoderarse de un centenar de ametralladoras, pistolas y escopetas, exigir la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. Tres días más tarde, luego de asesinar a varios policías y a pesar de contar con el apoyo de la población, Humala y sus seguidores se rindieron ante el general PNP Félix Murazzo y el general de División José Williams, actual presidente del Congreso de la República y número uno en la línea de sucesión gubernamental.

Una vez rendidos, Humala y los reservistas que lo habían acompañado en su aventura insurreccional fueron embarcados a Lima y trasladados a un penal de máxima seguridad. Tras el juicio, varios reservistas fueron exonerados de penas, algunos condenados a prisión y Antauro Humala inició una larga batalla judicial contra el sistema, intentando salir lo más pronto posible de la cárcel para intentar conseguir el viejo sueño familiar: ser Presidente de la República. Representado por diversos abogados, todos ellos capitaneados por Isaac Humala, padre del insurrecto, Antauro Humala tuvo que conformarse con ser hermano del hombre que asumió la primera magistratura en julio de 2011, Ollanta Humala.

Protagonista de múltiples incidentes durante su carcelería y, sobre todo, en las muchas audiencias judiciales televisadas o no, Isaac Humala apuntó su estrategia a conseguir dos cosas, primero, conseguir que el mayor Humala, cada vez más intolerante, estuviera siempre en el candelero, y, segundo, que mediante los reglamentos de redención de pena por trabajo saliera más temprano que tarde de prisión.

No todo ha sido favorable para Ayala. El 25 de octubre del presente año, el Poder Judicial rechazó su pedido para anular la decisión de la Fiscalía de la Nación que había ampliado la investigación en su contra por el presunto delito de organización debido a presuntas irregularidades en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, en el año 2021.

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró “infundado” un recurso de tutela de derechos presentado por el mismo. Mencionó que no había motivaciones para que el fiscal disponga su inclusión en la presunta red criminal en el gobierno de Pedro Castillo, por ello, el delito imputado en su contra “no calzaba” en su caso.

En el proceso de esta investigación, el último lunes, el Ministerio Público informó que el Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro de Defensa y de un grupo de generales de la Policía Nacional que son investigados por los presuntos ascensos irregulares en las FF.AA. El operativo se dio en horas de la madrugada y dándose la detención de tres oficiales generales de la policía y otras personas. Resultado de esto también se allanaron 27 inmuebles en distintos puntos del país.

La Inspectoría General de la Policía Nacional también remarcó su competencia funcional para la determinación de responsabilidades administrativas disciplinarias. Por su parte, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, realizó un operativo contra los generales investigados por la entrega de dinero para ascender de rango en el 2021, en la investigación se detalla que fue con autorización del expresidente Pedro Castillo.

El Ministerio Público detalló a la opinión pública: “El Equipo fiscal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales allanó la vivienda y oficina del exministro Walter Ayala, incautando documentos y dispositivos, en el marco de la investigación por los presuntos ascensos irregulares de policías y militares en el 2021”, manifestó a través de Twitter.