¿Cuáles deberían ser las prioridades de la política exterior peruana en este momento?

Podría mencionar una agenda progresista en política exterior, cosas que creo que se deberían hacer, pero el momento no es el adecuado. Considerando las circunstancias, creo que el Perú debe impulsar una agenda de cooperación regional. Vimos lo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hace dos semanas, pero me pareció más discursivo que real.

¿Es realista proponer –como hizo el presidente Castillo– que Chile y Venezuela se integren a la CAN?

No es real. Y tampoco lo es creer que con eso se fortalecería la CAN, porque sus problemas son más profundos. Por ejemplo, algo que escuché en las sesiones que se dieron en esos días era que se repetía mucho la idea de hacer “reingeniería” de la CAN. Eso ya lo escuché en 2019 –cuando se reunieron por los 50 años–, en 2014, y varias veces más. Los problemas de fondo de CAN, ni se mencionaron: el mercado común fallido, los problemas institucionales. 

Yo creo que el Perú debería impulsar la integración regional. Claro, somos un país pequeño, no tenemos grandes liderazgos y hay dificultades internas. Tienes un gobierno tan cuestionado internamente, con debilidades, cuestionado a nivel judicial, con procesos de vacancia, con un presidente al que ni siquiera dejan salir del país… vamos a ver si el Congreso le da autorización para que asista a la asamblea general de Naciones Unidas. ¿Qué puedes hacer de política exterior en una situación así? Es muy difícil. Pero tendríamos de alguna manera que aprovechar el ‘cuarto de hora’ que tenemos, con una Alianza del Pacífico en la que tenemos cuatro gobiernos “de izquierda”, afines. También podríamos aprovechar el ‘cuarto de hora’ de la CAN.

¿La Alianza del Pacífico sigue siendo útil?

Yo creo que sí, desde que implica una red comercial entre los cuatro países [Perú, Chile, Colombia, México] y vinculación con el Asia-Pacífico. Y la Alianza del Pacífico, pese a que en los últimos años no ha tenido muchos avances, tiene cierto nombre y reconocimiento internacional. Habría que aprovechar este momento para ir más allá y pensar en lo que la Alianza del Pacífico se planteó en un inicio: la integración profunda. 

El Perú asumirá la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico el próximo año, por lo que coincidirá con la presidencia pro-témpore que acabamos de asumir en la CAN. Sería un buen momento para que Cancillería desarrolle un impulso en estos espacios, que son vitales para nuestros intereses.

¿Qué imagen está proyectando actualmente el Perú en cuanto a política exterior?

Una imagen bastante confusa, de una política exterior poco coherente, poco predecible. Estoy seguro que se ve con mucha preocupación a un gobierno que dice “estoy a favor de firmar el acuerdo de Escazú” y luego a su canciller diciendo “estoy en contra de Escazú”. 

¿Cómo se entiende que Rodríguez Mackay esté de acuerdo con “ceder soberanía” en el caso de Convemar y no esté de acuerdo con lo mismo en el caso de Escazú? 

Lo que pasa es que la discusión se ha planteado en esos términos, y no debería. En Convemar no se cede soberanía, porque la tesis de las 200 millas [de mar territorial] ya no existe, era parte del antiguo derecho del mar, y no del nuevo. Nadie más lo reconoce. Y tampoco en el caso de Escazú se estaría cediendo soberanía. Es nefasto plantear el debate en esos términos. 

Lo de Escazú es lamentable: en el transcurso de dos semanas tanto el ministerio de Justicia como el Minam prácticamente desdijeron al canciller. Y este se cerró, e insistió en que su posición representaba al Estado peruano. ¿Y el presidente Castillo? ¿Dónde estaba? En un momento pareció que se había comprometido con Escazú.

¿En situaciones como esta, qué papel debería jugar el Congreso?

En el Perú, los congresos no han tenido históricamente un papel muy fuerte en política exterior. El Congreso participa poco en el diseño de las políticas. Pero en estas circunstancias, estamos viendo como desde el parlamento se están utilizando todas sus herramientas, empezando por la comisión de relaciones exteriores, para cuestionar al gobierno.

Al inicio de este gobierno se temía un acercamiento a Venezuela, pero este no se ha dado, a pesar de que Maduro le ha tirado algunas flores a Pedro Castillo. ¿Le ha sorprendido eso?

El gobierno ha intentado mantener relaciones con todos los frentes. Ha tratado de quitarse el sello de marxista y chavista. Se ha reunido con todos: con Estados Unidos, con México, con Bolsonaro en Brasil, con Guillermo Lasso. Puntualmente, el Perú trató de mantener un papel activo en la crisis venezolana. Incluso se propuso como sede alterna a México para las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Se mostró muy interesado en tener un papel en ese escenario de negociación. Pero todo eso se ha detenido, para bien y para mal. Para bien en el sentido de que no hemos tenido una relación muy cercana con Venezuela; y para mal porque el Perú dijo que quería tener una política más activa al respecto, quizás recuperar el liderazgo en su momento, en el grupo de Lima.

¿El grupo de Lima todavía existe?

Ahora mismo no tiene ninguna relevancia, casi podría decirse que no existe. En la medida de que se trata de un foro informal, no institucional, si los participantes no se reúnen, no existe. Y hace tiempo que no hay reuniones. Eso no es solo culpa del Perú, aunque sí se puede decir que quizás nos faltó hacer más pedagogía. Incluso desde Estados Unidos ha habido críticas muy severas al Grupo de Lima. No ha cumplido su labor, y al final terminó perdiendo legitimidad y fracturándose.

Otro tema sensible es la protección de los peruanos en el extranjero. ¿Cómo calificas la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de Rodrigo, el connacional que fue detenido en Indonesia y terminó muerto?

Fue muy mala. Quedó evidenciado en el primer comunicado que sacaron: poco empático, frío y prácticamente no hacía referencia a la muerte de un connacional en circunstancias muy extrañas. Además, asumió por completo la versión oficial de las autoridades indonesias. No hubo intento de investigación, de ver qué hubo detrás, y eso denota grandes vacíos y falencias a nivel consular. Luego se intentó corregir, pero no dudo de que haya sido una de las razones, una de las tantas rayas al tigre que derivaron en la salida del canciller. 

El viraje hacia la izquierda que se está dando en los gobiernos de toda la región, y que posiblemente se dé también en Brasil [con un eventual triunfo de Lula]… ¿Cómo crees que va a influir en la región y su manera de relacionarse con el resto del mundo?

Cuando se habla de este ‘viraje’, que creo que efectivamente se está dando, se le compara con el viraje que se dio a inicios de este ciclo, la ‘ola rosada’. Este, además, parece que va a ser más profundo, porque se está abarcando más países, como Chile e incluso el Perú. Pero ahora las circunstancias del mundo y de la región son distintas. La ‘ola rosada’ de hace 20 años se dio a partir de un boom del precio de los commodities y de la demanda de China por nuestros productos. Los gobiernos de izquierda de entonces se subieron a una ola de bonanza económica que les permitió aplicar políticas redistributivas, presencia del Estado y mucha inversión pública. Ahora será distinto.

Ahora, tendremos una izquierda sin plata.

Así es, y por eso los resultados que estamos viendo, por ejemplo, en Chile, donde Gabriel Boric rápidamente se está desinflando. En pocos meses estamos viendo ya protestas allí, y un gobierno cuya popularidad está cayendo. Probablemente pase algo parecido con Petro en Colombia. Le va resultar difícil a estos gobiernos satisfacer las demandas que explican su llegada al poder, demandas que nacieron en la calle y en protestas que tomaron años. Y ahora estamos saliendo de una pandemia horrible, con economía que no van a levantar, con crisis logística, energética, alimentaria… Yo creo que las demandas del corto plazo van a terminar agobiando a estos gobiernos que buscan reformas estructurales.

¿Qué piensa que sería lo mejor que le puede pasar al Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de la salida de Rodríguez Mackay?

No sería mala idea que alguien de la casa asuma el liderazgo, para bajar el sinsabor que ha dejado este lapsus, que duró un mes. Creo que hay buenos cuadros, jóvenes, que han cumplido papeles importantes en los últimos años. Eso daría cierto respiro. Cancillería no es un ministerio al que le guste estar en el centro del escarnio público. Y ahí han estado estas semanas. O, en todo caso, si se nombra a una persona ajena a Cancillería, que trate de seguir con lo que se ha venido haciendo. Que conozca el funcionamiento del ministerio y que sepa como funciona la política exterior. Uno no puede mandarse a hablar de Convemar así nomás, por más que estés de acuerdo. Una cosa es lo que piensas como académico y otra lo que tienes que hacer como político. Se debe conocer un poco más las artes de la política exterior.

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Como fuese, Bayly parecía tener las de ganar en su batalla legal ante Indecopi. Pero, oportunamente, apareció un tercero en discordia: una fiduciaria a la que el canal le había transferido la marca.

El 21 de junio del 2021 –tres meses después de que Bayly demandara a Latina y poco antes de la resolución que le dio la razón en primera instancia– la televisora y Fiduciaria SA firmaron un contrato donde se le transfería a esta –como garantía ante el BCP– el registro de la marca ‘El Francotirador’. En setiembre de ese mismo año, este contrato fue inscrito en el Indecopi.

Bayly Latina
La inscripción del fideicomiso ocurrió luego de la demanda presentada por Bayly.

“El fideicomiso es como una caja fuerte. El único que puede decidir qué se hace con los activos del fideicomiso [en este caso, la marca] es la empresa que lo controla. Pero esta empresa solo puede hacer lo que el contrato que ha firmado con el BCP le permite hacer”, explica Carlos Rojas, especialista en finanzas y bolsa.

“Esta es una manera muy rápida y expeditiva de poner las garantías a su nombre [del banco]. Imagínate que el BCP ha prestado 20 millones de dólares a Latina y han valorizado la marca en 10. millones Si la marca pasa a un tercero, potencialmente esos valores ya no existen y ya no está coberturado el contrato”, añade Rojas.

Lo que ha sugerido la segunda instancia del Indecopi es, precisamente, emitir una nueva resolución, advirtiendo que, de cancelarse la marca, se afectarían esas garantías. “En el presente caso, la marca de servicio cuya cancelación se pretende se encuentra registrada a favor de Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. Sin embargo, sobre dicha marca existe inscrito un Contrato de Fideicomiso en Garantía por lo que, de cancelarse por falta de uso, se afectarían las garantías que pesan sobre esta”, se lee en el fallo de julio último.

Para el abogado Alain Delion, Latina solo ha ganado tiempo, porque lo que primará serán las pruebas de que la marca ha sido usada recientemente, ya sea por el canal o por un tercero. “Ese contrato de fideicomiso no acredita el uso. Encima, si el contrato es posterior a la solicitud de cancelación. No sirve de nada. Lo que tiene que hacer Latina es demostrar el uso de la marca. Si es un programa de televisión, tienen que demostrar que se da en tal horario”, opina el abogado. En los próximos meses veremos quién tuvo mejor puntería en esta batalla legal.

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“Las mesas técnicas con Produce no han generado ningún resultado. En la mesa teníamos que tratar los temas de seguridad, la informalidad y el tema de las salvaguardas, o sea, la invasión de la ropa china, pero ninguno de esos tres pilares tuvo ningún resultado”, se queja Saldaña.

Otros gremios siguen conversando, aunque admiten que no ven los avances que esperan aún. Se logró, por ejemplo, la vacunación para los comerciantes de Gamarra, el incremento del aforo y la creación del Centro de Innovación Tecnológica para el sector, que les va a permitir a los empresarios capacitarse, investigar y analizar insumos para mejorar sus productos. Pero hay un problema de liquidez que se acentúa con la presencia de informales y sobre eso no han visto soluciones reales.

Muchos emprendedores quedaron fuera de los créditos de Reactiva Perú. Las esperanzas de los más pequeños estaban, por ejemplo, en el programa de Compras MyPerú. “Es un programa donde participamos todos los microempresarios para poder reactivar nuestra economía. Pero el programa está trabajando con un presupuesto anterior, que se está acabando. ¿Qué va a pasar? Se va a romper toda la cadena productiva. Actualmente el presidente Castillo ha propuesto un presupuesto adicional, pero este no se ha hecho efectivo”, alerta la dirigente Marisol Guillen, que también ha visto sus ventas descender durante la pandemia.

“Nosotros trabajamos con diferentes empresas y a mí me deben varios clientes. Estoy esperando aunque sea que me den de a pocos, porque también muchos empresarios han cerrado”, agrega.

Marisol Guillén Gamarra
Marisol Guillén, presidenta de la Sociedad Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, y Humberto Machaca, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra. Esperan más efectividad del gobierno.

Otros han puesto sus esperanzas en programas como el Fondo de Apoyo Empresarial de textiles y confecciones, un fondo que nació hace ya dos meses. Sin embargo, muchos empresarios no podrán acceder, porque la pandemia los ha dejado en rojo. Uno de los requisitos es, precisamente, estar al día. “Hay emprendedores que se han quedado con moras, con atrasos. Hemos solicitado al gobierno que reconsidere los términos”, comenta Humberto Machaca.

En mayo pasado, el gobierno de Castillo declaró 90 días de emergencia en el sector textil. En ese tiempo, tenía que replantearse su estrategia para salvar a la industria. “No sucedió nada de eso. Solo han dispuesto 900 mil soles para la capacitación para 10 o 20 empresarios. Eso ha tenido un impacto nulo”, señala el dirigente.

Machaca señala que, junto a otros gremios como los pescadores artesanales, han planteado “un rescate financiero”. Dice que varias organizaciones van a hacer plantones en los próximos días.

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Le cambio la pregunta entonces: ¿por qué dentro de esas opciones considerar a una persona con antecedentes judiciales como una carta a la presidencia? Lo único que parece haber cambiado el Andahuaylazo es la vida de cuatro familias que ahora no cuentan con uno de sus miembros.

Creo que hablamos de temas diferentes. Yo no me estoy refiriendo a personas, sino a grandes cambios que el Perú necesita: un sistema de justicia que no funciona, un sistema de justicia que no funciona. No estoy defendiendo a ninguna persona…

Justamente porque ha expuesto sus planteamientos, yo le pregunto por las personas que van a llevar esas riendas.

No es el momento de hablar de personas, sino de difundir nuestras propuestas, nuestra doctrina y espero que usted lo escriba.

Entonces hablemos de ideas: ¿esto del etnocacerismo no le parece a usted un asunto anacrónico? El nacionalismo extremo, la visión idílica del Tahuantinsuyo…

Yo no puedo defender ni los idearios ni los objetivos del etnocacerismo porque no soy etnocacerista. Yo defiendo una propuesta de autonomía de cada región, de unidad para el país, una propuesta de esperanza y optimismo. Y alrededor de eso, que vengan todos los líderes y organizaciones para que construyan un nuevo país.

Pero tendrá que tener alguna afinidad con los partidos con los que se va a aliar. Una de las propuestas del antaurismo, por ejemplo, es la restauración del servicio militar obligatorio. Otra es la pena de muerte por varios delitos. ¿Eso entraría dentro del pensamiento de Perú Federal también?

La propuesta es la autonomía de cada región, como funciona Estados Unidos, Brasil, Alemania, Suiza. Dentro del país habrá regiones que promuevan la pena de muerte para corruptos, habrá diferentes posiciones respecto al servicio militar, respecto de la salud. Por eso se llama federal. Dejaremos que cada región tome decisiones para temas específicos.

¿La refundación del país pasa por un proyecto autoritario?

No, nosotros somos absolutamente demócratas y refundar la República significa una discusión política. No estamos en una guerra a muerte con nadie, estamos en una actividad política y eso es una confrontación permanente de ideas. Descartamos de plano todo lo que sean actitudes dictatoriales…

¿Esa no es una contradicción con su alianza con Antauro Humala, que se perfila como un dictador?

Yo tengo amigos en todos los sectores y no puedo negar a mis amigos de izquierda, de derecha, de todos los tipos. Con 40 años de vida política y 50 de vida profesional, conozco mucha gente y eso no significa que porque soy amigo de Juan voy a tener la misma actitud de Juan. Yo tengo una personalidad formada. No puedo negar a mis amigos pero tampoco puedo aceptar que las actitudes de un amigo me las chanten a mí. Cada uno responde por sus actitudes políticas.

Pero si su amigo es a la vez su aliado y este tiene un proyecto dictatorial, ¿va a romper con él?

No nos pongamos en ese extremo, porque mi trabajo actual, mi recorrido por todo el Perú, mi conversación con miles de dirigentes regionales apunta a construir el partido político Perú Federal. Teniendo eso, llamaremos a todas las fuerzas políticas y sociales. No entrarán en nuestro grupo los corruptos ni líderes políticos que han fracasado, porque una de las razones por las que el Perú está jodido es por los líderes políticos que tenemos actualmente. Ayer mismo una congresista (Patricia Juárez) se burlaba de que el compatriota Antauro preparaba pasteles para Navidad. Esa actitud de los políticos de despreciar a la gente, al trabajo… Carajo, yo soy admirador de la gente que trabaja.

¿Usted considera que un proyecto de Hello Kitty es algo serio dentro de un programa de resocialización?

Yo considero que todo trabajo dignifica al hombre y que solo el trabajo será la actividad que pueda llevar a un hombre a la felicidad. Por eso soy un defensor del empresariado nacional. Yo conozco el mundo, he recorrido los cinco continentes y la enseñanza más ejemplar que he tenido ha sido la de Corea del Sur, que ha salido adelante por el progreso de sus cuatro empresas, entre ellas la Hyundai, Samsung… Conozco Estados Unidos, donde la libertad y la empresa han hecho que este país sea grande.

Pero el temor de la gente es que el frente patriótico no siga los lineamientos de Corea del sur, sino de Corea del Norte…

Están equivocados los que piensan así. Mi propuesta y la de los compatriotas de Perú Federal es que cada región tenga grandes empresas. Un empresario es un hombre que transforma, no un hombre que compre y venda. Un empresario es un hombre que hace industria, que hace fábrica. Mi sueño a mis 70 años es que las regiones tengan sus grandes empresarios, porque ellos harán que cada región progrese.

Revisando algunos paneles de Perú Federal, veo que le gusta que le digan “el tío Virgilio”. Deja usted muy buenas propinas: 150 mil soles por la reparación de Antauro Humala, por ejemplo, ¿lo hizo gratis?

El nombre de tío Virgilio no surge de la propina, sino de mi conocimiento de la industria de los videojuegos, tanto que he planteado que el gobierno apueste por esa industria, que tiene que está ligada al talento y a la creatividad de la gente. Yo conozco a miles de jóvenes que son gamers, youtubers, influencers y ellos son los que me empezaron a llamar el tío Virgilio. En un gobierno de Perú Federal, la mayor importancia, nuestra concentración, va a estar en la tecnología, la innovación, la creatividad…

¿Y qué nos puede decir del apoyo de los 150 mil soles?

Esos son temas políticos. Es un acto solidario de mi parte con un amigo que se llama Antauro Humala.

Hace unos meses, Sudaca entrevistó a un vocero del etnocacerismo. Decía, entre otras cosas, que se debería formar un trípode: el presidente Pedro Castillo, el doctor Vladimir Cerrón y el mayor Antauro Humala. ¿Qué le parece esa propuesta?

Soy respetuoso de las propuestas de mis compatriotas. Respeto la opinión de ellos, lo importante es que las propuestas vayan para construir un nuevo país.

¿Pero qué le parecen las figuras de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo?, ¿está a favor, por ejemplo, del adelanto de elecciones?

No. Somos un país demócrata, hemos elegido a un presidente por cinco años y tenemos que esperar cinco años. Tenemos que ser respetuosos de nuestra constitución.

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Antauro Humala, Elecciones, partido, Virgilio Acuña

Según una nota de Epicentro de inicios de año, en la lista de Gallardo figuraba Mejía, a quien quería asignar a la Dirección contra la Corrupción o a la Dirección de Lavado de Activos. Nada menos. Con la salida de Gallardo, aquellos cambios no se dieron. Mejía pasó a la Dirección de Medio Ambiente y luego a la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hoy, sin embargo, es inspector general y número 3 de la PNP.

Mejía –ha recordado el periodista Daniel Yovera– fungió de “sheriff” del cuestionado exrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervanes Liñán. Según el informe periodístico, Mejía realizaba acciones de supervisión, vigilancia y control a los alumnos de la universidad, desde su cargo de jefe de Seguridad y Protección Interna. 

Pedro Castillo ha realizado los cambios más peligrosos en la institución, no solo por el elenco, sino por la oportunidad: en medio de las acusaciones por corrupción contra el mandatario, lo que temen los oficiales es que se copen las plazas con el objetivo de controlar la institución al antojo del jefe de Estado y su camarilla.

Varios oficiales entrevistados para este informe coinciden en señalar que los siguientes objetivos, además de Colchado, serán el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote, y el coronel Franco Moreno. “Alfaro tiene la personalidad para oponerse, pero ahí se van a producir las fricciones. Sabemos que van a hacer todo lo posible para sacarlo”, dice un alto mando de la Policía. “Los que están atrás de la cadena de mando son los que están empujando para promover todos estos cambios”, asegura a Sudaca otro oficial.

PNP
Coronel Franco Moreno, General Óscar Arriola y coronel Harvey Colchado. Peligran sus cargos.

Hay quienes advierten otras influencias. La de Guillermo Bermejo, por ejemplo. No solo por aquella reunión en el despacho de Barranzuela donde su abogado coincidió con Vicente Álvarez, en octubre del año pasado. Bermejo se reunió con el presidente Pedro Castillo también el 26 de agosto, un día antes de los últimos cambios en el alto mando. La cita se dio entre las 4:50 pm y las 7:18 pm.

El último martes, en RPP, el periodista Omar Mariluz señaló que fue Bermejo quien sugirió no solo cambiar al alto mando policial, sino al ministro Willy Huerta porque “no se estaba protegiendo a la familia del presidente”. En comunicación con Sudaca, el congresista de la bancada Perú Democrático negó esta versión. Descartó, en cambio, que en la reunión con el jefe de Estado se haya hablado de cambios en la PNP y aseguró que no tiene idea de qué temas se trataron en la reunión de octubre entre su entonces abogado, el entonces ministro Barranzuela y el general Vicente Álvarez. De momento, y a la espera de que se desarrollen los acontecimientos, el ambiente dentro de la Policía Nacional está marcado por la incertidumbre y la sospecha.

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Gobierno, MININTER, Pedro Castillo, Policía Nacional

“Es un error asociar el consumo de estas sustancias exclusivamente a migrantes, porque eso no tiene mucha evidencia. Es probable que haya muchos jóvenes de otras nacionalidades y peruanos que también están vendiendo y consumiendo. Es mucho más amplio el tema en un mundo globalizado”, dice el psicólogo Milton Rojas.

En la misma línea apunta Gamio, de Devida. “No podríamos afirmar categóricamente que sí [que la migración ha permitido la expansión de la droga]. No existe una investigación ni estadística sobre ello, tendríamos que tener mayor información”, comenta.

El tráfico de tusi, sin embargo, se presenta ahora como un problema regional y Perú es, al menos, coprotagonista de su historia. Sudaca conversó con un agente de la Policía de Investigaciones de Chile, que alerta sobre el creciente tráfico de ketamina –el principal fármarco que se usa en el tusi– desde Perú hacia Chile. Además, entrevistamos a una periodista venezolana, investigadora en temas de crimen organizado, que señala que parte del tráfico en el sur de nuestro continente está controlado por ‘El Tren de Aragua’. El Perú no sería la excepción.

KETAMINA: DE PERÚ A CHILE

“Ha ingresado muy fuerte esta sustancia. Nosotros tenemos establecido que empezó a aparecer hace unos cuatro o cinco años. Su consumo está asociado al nivel medio y alto, por lo menos en sus comienzos: gente joven, universitaria. Pero ahora ya se ha estandarizado al nivel de otras drogas”, dice a Sudaca el comisario Gonzalo Santander, de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la Policía de Investigaciones de Chile.

Aunque no asocia la droga a un grupo criminal en particular, Santander señala que, en sus comienzos, la elaboración estaba a cargo de ciudadanos colombianos o venezolanos. Pero los peruanos también aportamos en la cadena del tráfico de esta sustancia: y es que las incautaciones de ketamina, uno de los fármacos más usados para la elaboración de esta droga, han crecido exponencialmente en el país del sur. Gran parte entra por el complejo fronterizo ubicado entre Tacna y Arica, apunta Santander.

“Es altamente posible afirmar que el aumento exponencial de las incautaciones de ketamina está asociado al consumo de tusi, ya que prácticamente la única forma en que se incauta es a nivel de consumidor, no como ketamina sino como tusi. Por tanto, casi todo estaría asociado. La mayor incautación se da cruzando por el paso fronterizo de Chacalluta”, dice el comisario. La ketamina está regulada en su país desde fines de la década de los 2000.

GONZALO SANTANDER
Gonzalo Santander, de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq) de la Policía de Investigaciones de Chile.

En abril del 2021, por ejemplo, 11  viajeros –entre venezolanos, colombianos y peruanos– fueron interceptados en Iquique –a cuatro horas de Arica– transportando ketamina al interior de envases de agua. En total se incautaron 66,423 kilos. El Director Regional de la Aduana de Iquique señaló: “Las bandas criminales lo utilizan como droga de sumisión para abusos sexuales y también para la fabricación de otras drogas como el tusi, por lo cual es muy importante impedir su comercialización e interceptar estos cargamentos”.

También a inicios del año pasado, un grupo de venezolanos intentó ingresar a Chile por un paso no habilitado desde Bolivia. Cargaban varios kilos de ketamina. Rodrigo Fuentes, jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Norte, explicó al medio LUN que las personas no eran directamente burreros, sino migrantes obligados a traficar bajo amenaza.

«Si dicen que no, entonces los someten a torturas. Pero la mayoría dice que sí, porque las víctimas son todas venezolanas y cuando a un venezolano le nombran el Tren de Aragua se llena de pánico porque conocen la fama de la organización», dijo Fuentes.

La cifra de incautaciones en el vecino del sur ha subido radicalmente desde el 2018. Y este año promete romper récords. “Si entre enero y mayo de 2022 se incautaron 10,105 gramos de ketamina transformada en tusi, el año pasado, a la misma fecha, la cifra llegó a los 1,793 g, lo que refleja un aumento de más de 463%”, advierte un informe de La Tercera, con cifras oficiales.

CUADRO KETAMINA
Cuadro elaborado por La Tercera sobre la incautación de ketamina y ketamina convertida en tusi en los años 2021 y 2022.

En Perú, la Dirandro también ha intervenido personas que intentaban pasar ketamina hacia el país sureño. El 11 de marzo pasado, por ejemplo, en Arequipa, la Policía Antidrogas detuvo a dos venezolanos que llevaban este medicamento de uso veterinario. Pedimos las cifras oficiales de la incautación, pero no nos respondieron.

Ronna Risquez, periodista venezolana especializada en crimen organizado, concedió una entrevista a Sudaca, en medio de la elaboración de su libro sobre El Tren de Aragua. “En las entrevistas que he hecho con gente de otros países que está trabajando el caso del Tren de Aragua, resulta que ha salido el tema Perú como un sitio en el que mueven droga. En los audios que han incautado los chilenos han encontrado que hay movimiento de droga también en Perú”, dice la investigadora, aunque no puede especificar qué tipo de droga.

RONNA RISQUEZ
Ronna Risquez, periodista venezolana especializada en crimen organizado, afirma que el Tren de Aragua está metido en el tráfico del tusi en Chile y que probablemente lo esté en Perú. Prepara un libro sobre la organización criminal.

“Lo que se identifica en Chile es que hay efectivamente una conexión [del Tren de Aragua] con Perú y Colombia. Si es la misma gente, si la gente incluso se mueve de plazas, es muy probable que haya una conexión con esta presencia del tusi”, agrega.

Según Risquez es probable también que haya otros grupos traficando tusi por la frontera. “Es posible que haya más gente moviendo la droga, pero pareciera que, en algún punto, ese comercio pasa por el Tren de Aragua: o al momento en que dan el permiso para que tú lo comercialices o el momento en que ellos mismos lo hagan”, señala.

 

(*) Habla Franco cuenta con la Línea 1815 que brinda información, orientación y consejería psicológica especializada en la temática de drogas. Es gratuita, anónima y confidencial. Se puede llamar de lunes a sábado de 9 am a 9 pm.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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El secretario de la Sala Mixta de Abancay, Ebert de la Vega Chirinos, también está en la mira del Ministerio Público. Este funcionario mantuvo decenas de comunicaciones con Jorge Chávez Sotelo en 2019. Los investigadores tienen información de que recibió dinero de los abogados a través de su colega Karin León, mencionada líneas arriba.

El trato era similar con Alan Velasquez Huillca, secretario del Juzgado Mixto Grau-Chuquibambilla, de Apurimac. Jorge Chávez lo tenía registrado como ‘Alan’ en su teléfono. Ambos sostuvieron conversaciones entre noviembre del 2018 y febrero del 2019. Según el documento judicial que ordena el allanamiento de su casa, en estos mensajes “se habla de temas referentes a transferencias de dinero que se realizan al secretario judicial a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación a su nombre”.

La información que maneja la fiscalía es que ese dinero fue entregado por Julio Paniura Moscoso, trabajador de Chávez, “en contraprestación a la agilización de la expedición de resoluciones judiciales favorables en los casos patrocinados por Chávez que se siguen contra Las Bambas”.

De hecho, el 20 de diciembre del 2018, Jorge Chávez exhortó a Velásquez a que haga lo posible para que se emita un fallo favorable a uno de sus patrocinados, nada menos que Javier Ochoa Núñez, actual presidente de la comunidad de Huancahuire. Le dice “que le iba a reconocer ese trabajo”. Según la fiscalía, ese mismo día se expidió la primera resolución del expediente 124-2018 que admitía la demanda.

Nos comunicamos al teléfono de Frank Chávez Sotelo, para buscar su versión de los hechos aquí narrados, pero al cierre de este informe no hubo respuesta. En los números de las empresas relacionadas a los hermanos nadie responde.

UN PERSONAJE VIGENTE

javier ochoa nuñez
Javier Ochoa Núñez, presidente de la comunidad de Huancahuire, también es investigado por la fiscalía especializada contra el crimen organizado.

Precisamente, los investigadores también descubrieron que Javier Ochoa, el presidente de la comunidad de Huancahuire, le transfirió S/260,000 a Frank Chávez. Así se lee en la documentación judicial revisada por Sudaca. La hipótesis es que esa plata era el pago para los operadores de justicia. Su casa fue allanada esta semana. 

Núñez sigue ocupando el cargo hasta hoy y ha sido protagonista de las últimas acciones de su comunidad contra la empresa. En mayo pasado, Ochoa demandó dejar sin efecto el estado de emergencia como condición para participar en la mesa de diálogo con representantes del Gobierno y de la minera.

La acusación fiscal en su contra agrava el conflicto entre las comunidades y la minera, y no permite ver con claridad las demandas justas de las comunidades. Los pobladores de Huancahuire vienen reclamando en estos momentos por la ampliación de las operaciones de Las Bambas. Denuncian que la empresa opera en el lugar inconsultamente y que contamina el medio ambiente. Sin embargo, desde el 2013, Huancahuire ha recibido más de S/170 millones justamente por la cesión de sus tierras. Intentamos comunicarnos con el dirigente y su abogado, pero no hubo respuesta. Esperemos que en esta nueva parte del conflicto asesores corruptos y dirigentes cómplices no se roben el protagonismo.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Las Bambas, Poder Judicial

¿Pero usted ve factible que en un futuro cercano las universidades públicas puedan volver a unirse en una sola asociación?

Todo depende de las personas. Si se dan algunos cambios, es posible. Podríamos reagruparnos, sí, dejando de lado los intereses particulares y personales y viendo en la institucionalidad.

¿Cuáles son esos intereses personales?

Justamente esto de lo que estamos hablando, de la ley de la falsa autonomía universitaria. 

¿Eso responde a intereses personales?

Aparentemente, hay universidades que no son licenciadas y son muy poderosas. ¿No cree usted que puede darse una recomposición del consejo directivo de la Sunedu, y que ahí se vean estas cosas, y estas universidades vuelvan? Para nosotros, eso es motivo de preocupación.

¿Y por qué una universidad con el prestigio San Marcos, y otras como La Cantuta, se prestarían al juego de un grupo de universidades privadas no licenciadas?

La verdad, no hablo de San Marcos ni de la Cantuta. Debería hablar más de la AUNAP, no de la ANUPP.

Cambiando un poco de tema: ¿Cómo ven el proyecto del gobierno para el supuesto ingreso libre a las universidades?

En este momento, en el fondo, no es ingreso libre. Lo que habrá es un equipo de estudiantes de alto rendimiento que serán preseleccionados y van a entrar a cada universidad. Se les dará un ‘ciclo cero’, equivalente a una pre. Todo ellos, obviamente, entrarán con un presupuesto adicional. Pero el ingreso libre, en su verdadera magnitud, en este momento es imposible de realizar, por el presupuesto reducido que tiene la universidad. Eso involucra infraestructura, equipamiento, movilidad, docentes, etcétera.

De otro lado, si fuera ingreso libre, abierto, entonces habría que evaluar lo que pasa en otros países. Por ejemplo, Argentina, donde la tasa de deserción es muy alta. Tendríamos que modificar todo el sistema. Pero acá, en nuestro país, el término ‘ingreso libre’ se está utilizando, pero al final se trata de darle facilidades a un grupo de estudiantes de alto rendimiento que no tienen las condiciones económicas para acceder a la universidad.

¿Y ese presupuesto adicional, ya lo tienen?

No. El presupuesto adicional dependerá del número de estudiantes que irían a cada universidad. Ese número no lo tiene todavía el ministerio, por lo menos hasta donde sé.

¿Qué le responde usted a quienes afirman que las universidades peruanas están sometidas a intromisión política?

Bueno, en mi universidad no hay intromisión política. Esta entrevista la estamos dando con libertad. Y nuestros comunicados como AUNAP los hemos sacado con total libertad. Justamente las universidades son los únicos espacios donde se puede con toda libertad hablar, comentar, sugerir, siempre dentro de la ley. 

San Marcos se ha sumado como litisconsorte en el proceso de amparo contra la ley de ‘autonomía universitaria’. ¿Se sumarían también las universidades agrupadas en la AUNAP, para reforzar la posición contraria? 

Vamos a reunirnos para verlo. Pero tengo entendido que no hay necesidad, porque ya hay suficientes  equipos que se están oponiendo a la mal llamada ley de autonomía universitaria. Sin embargo, lo conversaremos a su debido momento, en una asamblea.

¿Cómo evalúa el nivel de compromiso del gobierno con la universidad peruana?

No sé cómo será con el nuevo ministro [Kurt Burneo], pero los anteriores ministros de economía no han querido darle a cada universidad el presupuesto apropiado. Tenemos serios problemas presupuestales, y mucho más en estos tiempos de pandemia, en los que los recursos directamente recaudados ni siquiera llegan al 30%. Hemos presentado nuestras demandas adicionales y el MEF es indolente, no otorga. Pedimos que nos dejen usar las partidas que tienen ‘candados’, esas en las tenemos recursos, pero no nos dejan usarlos ni moverlos a otras partidas. El año pasado pedimos y ni eso nos dejaron utilizar. Y luego nos dicen que no tenemos capacidad de gasto. Las universidades sí tienen capacidad de gasto, lo que pasa es que hay recursos que no nos dejan utilizar

¿Sin esos recursos adicionales, la iniciativa del ‘ingreso libre’ tampoco sería practicable?

Ah, por supuesto. Si no hay recursos, simplemente la universidad no aceptará a ni un postulante más. Pero bueno, en las conversaciones que hemos tenido con el Minedu, siempre respetuosas, se nos ha dicho que eso va a venir con un presupuesto. 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Como ha contado La República, la reunión se produjo en un inmueble de Surquillo. “Quiero precisar que, como señalé antes, entendimos que nos íbamos a reunir con asesores del presidente de la República pero no conocía de qué personas se trataban. (…) En la reunión estaba el señor Alejandro Sánchez Sanchez, que nos dijo que las personas que lo acompañaban eran amigos y paisanos del presidente, que estaban en Lima para apoyarlo, dando a entender que eran conocedores del rubro de la construcción”, detalló el testigo.

Allí, esta persona pudo identificar no solo a José Nenil Medina, sino a Jackeline Castañeda del Castillo, jefa de presupuesto del ministerio de Vivienda; al ya mencionado Salatiel Marrufo y a Abel Cabrera Fernández, uno de los financistas de la campaña del presidente Castillo. Cabrera, además, ha sido identificado como el hombre que colocó a cargo de Vivienda a Geiner Alvarado. Así lo dijo el colaborador eficaz el 24 de julio pasado.

“De mucha confianza era el nexo con el Ministro de Vivienda junto con Abel Cabrera, quien fue la persona que recomendó a Geiner Alvarado como Ministro de Vivienda. Por eso ellos manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso”, señaló. Alvarado, entrevistado por la fiscalía el pasado 4 de agosto, admitió que Cabrera lo propuso para el cargo.

Todo este círculo de confianza del presidente habría concertado la repartija de obras. Con estos y otros elementos, el pasado 19 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder dispuso formalizar investigación preparatoria con la primera dama, Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David y los alcaldes de Anguía, Nenil Medina; Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui; y Chadín, César Cabrera. También se encuentran comprendidos los hermanos Hugo y Anggi Espino, quienes vienen colaborando con la justicia. En Palacio siguen jugando el papel de víctimas.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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